11 de octubre inicia la primera audiencia contra Genaro García Luna
» Comenzando en 2012, y continuando al menos hasta 2018, el demandado García Luna y personas actuando bajo su dirección, ilegalmente obtuvieron al menos 250 millones de dólares del Gobierno de México».
Por: Redacción| Foto: Notimex
Un juez de Miami estableció para el 11 de octubre la primera audiencia en la demanda civil entablada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para obtener de regreso inmuebles supuestamente adquiridos con parte de 250 millones de dólares que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y otros siete individuos, habrían conseguido por contratos ilegales con el Gobierno de México.
Según el diario Reforma, el juez William Thomas, de la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade, dio a conocer este miércoles que el 11 de octubre presidirá una conferencia inicial de administración del caso con las partes involucradas por videoconferencia.
La Corte también advirtió a todas las partes que, por tratarse de un litigio clasificado como complejo, los abogados principales están obligados a sostener reuniones para tratar de negociar los temas preliminares del caso, antes de que se desahoguen audiencias formales ante el juez.
Ninguna moción será tramitada por la Corte si no hay constancia certificada de estas pláticas previas.
La UIF es representada por el despacho Krupnick Campbell Malone, de Fort Lauderdale, mientras que está por verse quienes defenderán a los demandados, que además de García Luna -preso en Nueva York desde 2019-, incluyen a: el ex-subsecretario de Tecnologías de la Información de la SSP, José Francisco Niembro González, y a su esposa Martha Nieto Guerrero.
También a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, y a sus socios y supuestos prestanombres, los empresarios Mauricio Weinberg López, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Pinto de Weinberg y Natan Wancier Taub.
“Comenzando en 2012, y continuando al menos hasta 2018, el demandado García Luna y personas actuando bajo su dirección, ilegalmente obtuvieron al menos 250 millones de dólares del Gobierno de México, mediante un complicado esquema de contrataciones públicas ilegales, y transfirieron esos fondos a los Estados Unidos y otros lugares”, dice la demanda.
“Los fondos ilegalmente tomados del Gobierno de México fueron usados para construir un imperio de lavado de dinero que incluye al menos 30 empresas localizadas principalmente en Florida, al menos treinta inmuebles, múltiples automóviles y navíos, y fondos sustanciales en cuentas bancarias”, agrega.