Gobernar por Decreto
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Por: Verónica Ruiz Nava
Querido Pueblo Mío: El Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump firmó otro decreto. Esta vez pretende eliminar las protecciones jurídicas para que las redes sociales en internet no puedan ser demandadas por la información que publican.
Desde 1996 con la conectividad que proporcionaba internet se aprobó en Estados Unidos una Ley de protección a portales de información. Se trata de la denominada Ley de la Decencia en las Comunicaciones o Communications Decency Act.
El fin último de dicha ley se basa en establecer que las redes sociales y portales de internet son meros intermediarios de la información que publican. Por lo tanto, no son perseguibles a través de demandas, sólo lo son quienes son los autores del contenido en primer lugar.
De mano de la pandemia por Covid-19 el mundo sufría ya de información falsa o infodemia. El problema actual es que la infodemia nace en la Silla Presidencial o en el Despacho Oval de la Casa Blanca
El borrador del Decreto de Trump en contra de las redes sociales, resurgió del verano pasado a este mayo de 2020. La razón se debe a la aclaración que hizo Twitter sobre el mensaje de Trump acerca del voto por correo. Incluyó un link donde ofrecía información verificada que desmentía abiertamente a Trump.
En los sistemas presidencialistas, del que nace México, se ha creado la idea de una figura todopoderosa como lo es la del Presidente. La pregunta fundamental en este tipo de controversias es ¿Se puede gobernar por decreto?
La respuesta constitucional es: Ni se puede, ni se debe.
La figura presidencial, ya sea Trump, López Obrador o Bolsonaro está facultada para lo que la constitución de cada uno de estos países específicamente establece.
Lamentablemente, esta idea constitucional basada en la división del poder para su ejercicio en Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo de Montesquieu es atacada todos los días por la realidad.
El ataque continuo ahora es presidencial. El Presidente, en lugar de gobernar ataca a los medios, portales de información, plataformas o periodistas en específico. Representa una posición antidemocrática y autoritaria que sufrimos ya sea por parte de AMLO los mexicanos; o los brasileños con Bolsonaro.
Es verdad que la figura presidencial de los países democráticos está dotada de poder político. Sin embargo, este poder político debe utilizarse en el bien de la nación entera, la nación incluye adeptos y detractores; se gobierna para toda la población.
En ese sentido, existen leyes legalmente votadas por los Congresos de los países democráticos, mediante la cual han diseñado una estructura jurídica que protege y brinda un Estado de Derecho a los miembros de la sociedad. Un decreto, jurídicamente, carece de validez para suprimir leyes.
A mayor cantidad de decretos, mayor es una realidad completamente autoritaria.
Las leyes se votan para que sean generales y permanentes. Los decretos se firman para ocasiones extraordinarias y específicas.
Arremeter contra Twitter por no dar cabida al discurso de odio, es un mensaje para las bases de Trump de que el presidente todo lo puede, aunque jurídicamente sea falaz. Fácilmente, Twitter ganaría en los tribunales su posición; sin embargo, la guerra contra los periodistas ahora se ha trasladado al medio mismo.
Este nuevo embate de Trump a la libertad de expresión tiene que ver con una versión mezquina de idealizarla como un escudo de protección a discursos de odio, discriminación y normalización de la violencia. Eso no es libertad de expresión.
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