Promueve Morena regular la buena fe de los contribuyentes
Resulta sospechoso que no se discutan beneficios administrativos fiscales para el contribuyente, en esta ley de buena fe que promueve Morena.
Por: Verónica Ruiz Nava
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, senador por Morena, promueve la creación de la nueva Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.
Se busca pasar de la fiscalización al principio de buena fe, a través del cumplimiento voluntario de obligaciones regulatorias y fiscales sin que mencione, en detalle, cuáles serán y cómo se beneficiará el contribuyente.
La iniciativa de ley propone la creación de un Padrón Único de Fomento a la Confianza a través de la Secretaría de Economía, en el que podrán registrarse los contribuyentes sin costo.
La inscripción significará que se está al corriente de las obligaciones regulatorias y fiscales de acuerdo con la actividad económica que desempeñe. Asimismo, se someterán a una “revisión por insaculación” o en palabras sencillas, por sorteo, del 1% del padrón.
Esta iniciativa se podría incluir en la actual Ley General de Mejora Regulatoria, publicada el 18 de mayo de este año, que ya establece un Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios; un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria y una Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. De hecho, este último órgano podría llevar a cabo la organización y el establecimiento del padrón que busca Morena.
En razón de la técnica legislativa, coordinación administrativa, certeza jurídica y economía procesal, sería más beneficiosa para el contribuyente una reforma a esta ley y no la creación de una nueva. La reforma de ley sería necesaria para incluir las obligaciones de carácter fiscal a las que no está facultada la actual ley.
La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana deja en la oscuridad cuáles serán los beneficios y las facilidades administrativas que la Administración Pública Federal otorgará a los contribuyentes inscritos en el Padrón; así como la información que se deberá registrar en el Padrón y los criterios para incluir algún tipo de información o para descartar otra.
Si se le dota a cualquier órgano de facultades legales amplísimas, sin que estén establecidas en la ley y es ajeno a los órganos con que ya contamos, podemos caer en la creación de un órgano administrativo que ocupe presupuesto público pero que sea inoperante para el fin por el que se creó.
Esperemos que la discusión de esta iniciativa en las Comisiones de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Segunda; así como la opinión de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal emitan un dictamen respecto a la oscuridad con la que se pretende crear un nuevo órgano fiscalizador. Resulta sospechoso que no se discuta en la Comisión de Hacienda y Crédito Público si se trata de beneficios administrativos fiscales para el contribuyente.
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