Buscan desmantelar comisiones de derechos humanos estatales
Se trata de una reforma constitucional para eliminar las Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos de todos los Estados del país.
Por: Verónica Ruiz Nava
El 31 de octubre de 2018, mientras estábamos ocupados en los festejos de “Todos Santos” y, algunos, le aplaudían a la bancada de Morena en el Senado la presentación de la iniciativa de reforma para eliminar las pensiones a los expresidentes de México, también se presentó una para desmantelar las comisiones de derechos humanos de los estados.
La bancada del Partido del Trabajo presentó la iniciativa. El PT ganó 6 senadurías por la coalición “Juntos Haremos Historia” en combinación con el Partido Encuentro Social y Morena. Se trata de una reforma constitucional para eliminar las Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos de todos los Estados del país y así cederle el control total a una nueva “Defensoría del Pueblo”, que sustituirá a la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos.
¿Por qué es un riesgo? En primer lugar, la defensa de los derechos humanos en México surgió de los Estados. En 1979 el Estado de Nuevo León crea la primera Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos; diez años después, en 1989 nace la CNDH. Eliminar esa protección de órganos descentralizados del Poder Ejecutivo Estatal crea una centralización de un órgano nacional que, simplemente, no tiene presencia en los municipios del país.
Es peligrosa porque organismos como PROFECO, CONDUSEF, CONAPRED, INMUJERES, PROFEDET y sus equivalentes estatales nacen a imagen y semejanza de la CNDH, eliminarla comienza un desmantelamiento de los pesos y contrapesos que se han creado contra el poder totalitario de la administración pública encabezada por el ejecutivo.
La iniciativa carece de pies y cabeza al no brindar un diagnóstico técnico y real, que pudo haber encontrado en la infinidad de ongs que fiscalizan el actuar de la CNDH, de la situación de derechos humanos en el país, ni por qué, de tajo, las estatales no funcionan pero si funcionarían unos representantes elegidos por dedazo del nuevo “Defensor del Pueblo”.
Establece, de facto, que el federalismo no sirve; intenta dotar de “carácter vinculatorio” a las recomendaciones emitidas, imposible de llevar a cabo ya que crearía un poder judicial ajeno al poder judicial ya existente. Entraría en conflicto el Estado de Derecho ya que las recomendaciones que emite la CNDH, de origen, carecen de carácter vinculatorio debido a que su obligatoriedad está en la publicidad de los terribles hechos y qué autoridad lo permitió o lo llevó a cabo. Es un paso para atrás y atenta contra la Justicia no jurisdiccional por medio de los medios alternativos de solución de controversias e invisibiliza el trabajo que llevan a cabo estos organismos, como conciliación y publicidad de los derechos humanos.
Introduce, además, la forma de elección, ya no por el Congreso Federal. Cambiar una decisión parlamentaria por una Consulta Popular; significa eliminar el análisis técnico y de profesionalización a uno de popularidad. Más todas aquellas quejas de ilegalidad, inconstitucionalidad y falta de representación democrática de la que adoleció la Consulta sobre el Aeropuerto.
La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, con un Presidente y mayoría de Morena, 7 de 15 senadores, será la encargada de elaborar el dictamen para discusión de la iniciativa. En caso de que fuese aprobada, se necesitaría la mayoría de 2/3 de los presentes en la votación en ambas cámaras, Senadores primero y luego Diputados, más la aprobación de 17 legislaturas estatales para una reforma constitucional al 102 apartado B constitucional.
veronicaruizconferencia@gmail.com
Twitter: @verorn_13
YouTube: Babyvero Rn
