Pide ONEA intervención de PGR en ejecución de Río Blanco
La ONEA dijo que la Fiscalía General de Veracruz no actuará de manera autónoma en la presunta ejecución extrajudicial del Río Blanco.
Foto: Cortesía
Xalapa, Veracruz.- La Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de la presunta ejecución extrajudicial de tres personas, entre ellas, dos menores de edad en Río Blanco, Veracruz.
La agrupación indicó que luego del posible crimen, cometido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana, el gobernador Miguel Ángel Yunes defendió a ña corporación y aseguró que se trataba de delincuentes «perfectamente acreditados».
Ante ello y bajo el argumento de que la Fiscalía de Veracruz no actuará con autonomía, demandó que la PGR atraiga las investigaciones del caso.
A continuación, se transcribe el texto íntegro:
El 10 de marzo pasado, tres personas —entre ellas dos menores de edad— fueron abatidas en el municipio de Río Blanco, Veracruz, por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Unas horas después, autoridades estatales, encabezadas por el gobernador, Miguel Ángel Yunes, aseguraron que se trató de tres presuntos delincuentes con participación en una organización delictiva, “perfectamente acreditados”, que se enfrentaron con los elementos policiacos.
Sin embargo, publicaciones periodísticas en medios nacionales y locales divulgaron versiones distintas y fotografías en las que presumiblemente se evidencia que una de las menores fue arrestada con vida y ejecutada extrajudicialmente.
La sola sospecha de estos hechos debería obligar una investigación que permita dilucidarlos y deslindar responsabilidades, de cara a la sociedad que reclama labores policiales con altos estándares en la protección del derecho a la vida.
Es por ello que, desde la sociedad civil organizada, en Onea México reclamamos que la Procuraduría General de la República atraiga la investigación, ante la ausencia de autonomía de la Fiscalía General de Veracruz que de forma grotesca y notoria continúa bajo un esquema de subordinación hacia el gobernador.
Asimismo, enfatizamos en que es preocupante la costumbre del Ejecutivo de calificar como “delincuentes”, ipso facto, a todas las personas que pierden la vida en incidentes de violencia.
Llamamos a frenar esta conducta de subsumir funciones que corresponden al Ministerio Público y al Poder Judicial, y decidir quién es delincuente o no, sin previo juicio, sin respeto al debido proceso y sin que se observen los derechos humanos.
