Marina manipuló pruebas del caso Ayotzinapan
Después de siete años y 185 días de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, expertos aportaron nuevas evidencias sobre el caso, como tomas aéreas grabadas desde un dron, en las cuales se observa a elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Marina alterando el terreno en el basurero de Cocula.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) confirmó la participación del Ejército durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con labores de espionaje e infiltración de los estudiantes y mecanismos de contrainsurgencia.
La Marina de México fue parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior a la desaparición de 43 estudiantes en el sur del país en 2014, así como en la construcción de la versión oficial del gobierno de entonces que resultó ser falsa, indicó el lunes el grupo internacional que investiga el caso.
El informe sostiene que marinos estuvieron operando en el basurero donde el anterior gobierno dijo que los estudiantes habían sido incinerados horas antes de que el lugar fuera acordonado y sin que esas actividades quedaran registradas en el expediente del caso.
También indica que el ejército realizó investigaciones que no compartió y conoció en tiempo real mensajes del crimen organizado sobre el paradero de algunos estudiantes, que no dio a conocer pese a que pudieron haber sido vitales para localizar a los jóvenes.
Ahora el nuevo informe señala que hubo dos investigaciones paralelas, la oficial y otra donde no compartían datos, y que la llamada “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto fue una operación dirigida por una “autoridad superior” en la que participaron “múltiples actores”, desde la policía de Guerrero, a la federal, el Ejército, la Marina, los servicios de inteligencia y diversas agencias de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Unas 140 personas han sido detenidas desde 2014 pero la mayoría han sido encarcelados por irregularidades en sus procesos y sólo en torno a medio centenar sigue en prisión. Además, delincuentes que presuntamente podrían haber sido testigos clave fueron asesinados.
El grupo de expertos, conformado por el chileno Francisco Cox, la colombiana Ángela Buitrago, la guatemalteca Claudia Paz y el español Carlos Beristain, que lleva investigando el caso desde 2015, aseguró que ahora la colaboración de las autoridades es mayor, pero que sigue habiendo bloqueos. La Marina, por ejemplo, negó al fiscal encargado del caso la existencia del video del dron que sí les facilitó a ellos.