Acusa EU a Rubén Rocha Moya de vínculos con el narco
Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios más de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas, armas y dinero, según una acusación presentada por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York.
La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, pero señaló que en los documentos no se anexaron pruebas, por lo que turnó el caso a la FGR y enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada de Estados Unidos.
La acusación sostiene que los señalados habrían recibido sobornos para proteger a líderes del Cártel de Sinaloa y facilitar operaciones en el estado, además de colaborar con una facción de “Los Chapitos”.
De acuerdo con los reportes, el expediente también menciona tráfico de narcóticos, posesión de armas y conspiración para poseer armas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió los oficios de detención provisional con fines de extradición y que los remitió a la FGR para su revisión.
La cancillería sostuvo que los documentos enviados por Estados Unidos no incluyen pruebas, por lo que México no puede avanzar en una extradición sin ese sustento.
La Fiscalía General de la República (FGR) quedó encargada de analizar si existe base jurídica para abrir una investigación y, en su caso, pedir más información a las autoridades estadounidenses.
Afirmó que de inicio, no hay pruebas directas sobre la posible conexión de Rubén Rocha con el Cartel de Sinaloa.
La Embajada de Estados Unidos en México respaldó la acusación y afirmó que Washington investigará y sancionará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga jurisdicción.
La representación diplomática evitó comentar detalles específicos del caso, pero reiteró su postura contra redes de protección política al narcotráfico.
En respuesta, Rubén Rocha Moya rechazó las imputaciones y dijo que carecen de veracidad y fundamento.
El gobernador también aseguró que las acusaciones representan un ataque político a la Cuarta Transformación y a la Soberanía Nacional.
Alcance político
El caso abre una tensión bilateral porque involucra a un gobernador en funciones y a funcionarios estatales presuntamente vinculados con una organización criminal.
Por ahora, la ruta institucional en México depende de la revisión de la FGR y de que Estados Unidos envíe elementos probatorios formales.
