Víctimas a la deriva, inoperatividad presupuestaria
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Por: Verónica Ruiz Nava
Querido Pueblo Mío: Uno de los objetivos del Acceso a la Justicia en materia penal, además de lograr una reparación integral del daño es brindar atención, también integral, a las víctimas. La inoperatividad presupuestaria y de recursos humanos generan un retroceso en el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la constitución.
El resultado legislativo de la Guerra Contra el Narcotráfico fue la expedición de la Ley General de Víctimas en 2013. A partir de su expedición se creó el Sistema Nacional de Ayuda, Atención y Reparación Integral de Víctimas; así como el Registro Nacional de Víctimas que operaran a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
La implementación de la Reforma Penal de 2008 y los derechos de las víctimas se fusionaron para darle estructura a los renovados compromisos del Derecho de Acceso a la Justicia. Hablamos ahora de derechos de ayuda, asistencia y atención a víctimas observados por los operadores del sistema penal, acusatorio y oral.
¿Quién es una víctima? Todas aquellas personas que hayan sufrido la comisión de algún delito o violaciones a sus derechos humanos. Por otro lado, se denomina víctima indirecta a los familiares o aquellas personas que se encuentren a cargo a una víctima directa.
La crisis institucional por inoperatividad presupuestaria se traduce en una crisis de derechos humanos. El compromiso nacional es generar una CEAV local, municipal, además de unidades encargadas de la atención y reparación integral a víctimas en las fiscalías de los estados. Si la inoperatividad presupuestaria alcanzó a la CEAV, los estados se encuentran lejos de lograr el compromiso.
La CEAV opera con 37 trabajadores en área psicológica y 12 en la médica para la atención nacional de las víctimas. La CEAV atiende, por lo menos, a 42,617 personas incluidas en el Registro Nacional de Víctimas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) trabaja de la mano con su símil federal, la CEAV respecto de la atención integral que deben recibir las víctimas. La inoperatividad institucional federal resultó en que la misma CNDH ha emitido las recomendaciones 086/2019, 039/2020 y 051/2020 en contra del organismo debido a violaciones de derechos humanos en contra de las víctimas.
La CEAV sin presupuesto resulta inoperante para la atención de víctimas directas e indirectas de delitos.
Si a nivel federal las instituciones carecen de presupuesto, a nivel estatal se vislumbra un escenario desolador para los pocos servidores públicos que atienden el mayor volumen de población.
¿Qué nos queda? ¿Esperar a que la CNDH emita recomendaciones en contra de sí misma por su inoperatividad? ¿Ya estamos en ese absurdo?
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