Buscan amparo contra consulta sobre el gasoducto Morelos
Habitantes de ocho comunidades de Puebla, Tlaxcala y Morelos no quieren que se realice la consulta popular del 23 y 24 de febrero sobre el gasoducto Morelos.
Por: Guillermo Castillo
Foto: Archivo
Habitantes de ocho comunidades indígenas de Tlaxcala, Puebla y Morelos iniciaron tres juicios colectivos de amparo contra la consulta popular que se planeó para los próximo 23 y 24 de febrero, sobre la continuación y operación del gasoducto Morelos.
Juan Carlos Flores, abogado del caso, señaló que la maniobra obedece a que el ejercicio anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador es inconstitucional y vulnera los derechos de los directamente afectados.
«El amparo busca, en principio, suspender la consulta del 23 y 24, así como cualquier orden de funcionamiento del Proyecto Integral Morelos y su objetivo final es que se considere inconstitucional la consulta popular que está impulsando el presidente López Obrador».
Explicó que la consulta prevé la participación de personas distintas a los pueblos indígenas que verán repercusiones en la operación del Proyecto Integral Morelos y que, según la ley, deberían ser los primeros en ser tomados en cuenta de forma libre, informada y de buena fe.
Recordó que desde el inicio del Proyecto Integral Morelos, los derechos de las comunidades indígenas fueron quebrantados por el gobierno federal y ahora, la administración de López Obrador hará lo mismo
Las comunidades involucradas en el amparo son Huesca, en Yecapixtla; Amilcingo, en Temoac; Jantetelco, Morelos; Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla, Puebla; San Damián Texoloc en Tlaxcala; San Vicente Xiloxochitla, en Nativitas, y San Jorge Tezoquipa, de Panotla, Tlaxcala.
Destacó que una consulta realizada conforme a derecho debe considerar a las comunidades desde el proceso de organización y brindar toda la información a favor y en contra del proyecto e incluso, si es necesario, se deben realizar nuevos estudios.
Finalmente subrayó que estos juicios tienen como prueba, los amparos ya ganados en la zona de Atlixco y el hecho de que el proyecto afecta a dos millones de personas.
