Sociedad Civil organizada clama por seguridad en Puebla

Universidades, empresarios, especialistas y organizaciones sociales demandaron acciones inmediatas para contener la violencia en Puebla.

Por: Guillermo Castillo
Foto: Archivo

Universidades, cámaras empresariales, colegios de especialistas y organizaciones sociales exigieron que los tres niveles de gobierno tomen acciones inmediatas para contener los índices de violencia e inseguridad, y devolver la paz a Puebla.

Esto, a través de un desplegado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión, al gobernador José Antonio Gali y a la gobernadora electa, Martha Erika Alonso Hidalgo, al Congreso de Puebla y a los presidentes municipales.

En el texto, se demanda que el gobierno federal considere a Puebla como prioridad en el Plan Nacional de Seguridad, con una atención especial al robo de hidrocarburo, al robo de carga y a otros delitos relacionados con la delincuencia organizada.

A las cámaras de Diputados y Senadores, que convierta el huachicol, la portación de arma de fuego y el robo a transporte de carga como delitos graves, que aumente el presupuesto a seguridad y que se modifique el Sistema de Justicia Penal para evitar el efecto de “puerta giratoria”.

Al gobierno de Puebla se exige que haya una inversión puntual en capacitación y adquisición de tecnología de punta para combatir el crimen y al gobierno entrante, que nombre como secretario de Seguridad Pública a una persona de experiencia y reconocido prestigio.

Al Congreso del Estado se le llama a evitar los conflictos político-partidistas en los que ha caído y que al menos apruebe el doble de recursos para temas de seguridad, impartición y procuración de justicia.

Mientras tanto a los gobiernos municipales se les piden secretarios y directores con experiencia en materia de seguridad, estrategias que contengan mapeos geodelictivos y dar paso a modelos de participación ciudadana.

Los firmantes argumentaron que en lo que va del año se han presentado dos mil 207 robos a transporte en carretera, 41 secuestros, 153 extorsiones, cinco mil 15 robos de vehículo con violencia, mil 602 homicidios y 11 mil 240 tomas clandestinas.

Destaca que entre los firmantes del documento se encuentran la BUAP, la UMAD, la UDLAP, la UPAEP, la CMIC, Coparmex, Canacope, CIRT, la AMPI, el IMEF, el Club de Empresarios de Puebla, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, el CCE, la Universidad Anáhuac, Canadevi, Ceagro, Canapat, CAPAC, Canaco, Canacintra y Puebla contra la Corrupción y la Impunidad.

Al respecto, Juan José Hernández López, presidente del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación de los Municipios (IGAVIM), celebró y se sumó a la exigencia de seguridad firmada este día por universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, expuso que cualquier estrategia a realizarse necesita contar con una supervisión constante hasta el fin de la próxima administración, de modo que se sepa si hay avance o retroceso a lo largo del tiempo.

En entrevista, se pronunció porque las medidas incluyan mayor presupuesto para las áreas de seguridad y procuración de justicia, y acciones que desincentiven la comisión de delitos entre la sociedad.

Destacó que buena parte de los participantes del desplegado han sido víctimas directas o indirectas de la delincuencia, lo que opinó que también obliga a generar una perspectiva de prevención y no de reacción.

Finalmente, llamó a que haya entendimiento entre la gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo, el Congreso del Estado con mayoría morenista y el gobierno de la República, pues los únicos afectados con la falta de coordinación son los ciudadanos.