Señala Greenpeace retroceso con reforma eléctrica
La organización señaló que devolver al Estado el monopolio de la electricidad cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria.
Por: Redacción| Foto: Shutterrstock
La organización ambientalista Greenpeace México aseguró que la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica presentada la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados tiene claroscuros, como la posibilidad de utilización de energías sucias, en detrimento de las renovables.
Mediante un comunicado, Greenpeace dijo que luego de una revisión cuidadosa de la propuesta consideró que “se trata de un documento con elementos positivos, pero también con retos”.
Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de la organización, mencionó que entre los aspectos positivos “destaca el hecho de que devuelve a la Nación la potestad de los recursos naturales (en este caso se centra sobre todo en el litio), lo cual se había modificado con la reforma del 2013”.
Además, la iniciativa indica que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en: generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica lo cual cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria.
Consideró que esta modificación puede tener implicaciones también en la generación distribuida, “ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, se cancelaría la posibilidad de que los privados (incluidas las personas en sus casas) puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto que existió durante mucho tiempo”.
En ese sentido, devolver al Estado el monopolio “sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía”. “No olvidemos que los proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética”, aseveró la organización en su comunicado.
«No olvidemos que los proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética», especificó mediante un comunicado.
Además, consideró que el despacho queda sujeto a las decisiones de la CFE en orden de méritos de costo de producción, con base en requerimientos de seguridad y confiabilidad.
«Al no quedar definidos los parámetros de seguridad y confiabilidad, existe una enorme discrecionalidad sobre qué tecnologías serán prioridad para el despacho, pero lo que nos deja claro el resto de la iniciativa es que las energías renovables (en el texto ‘intermitentes’) no son consideradas ni seguras ni confiables por las autoridades, por lo que no serán consideradas en el despacho, a pesar de tener costos nivelados mucho más bajos«.
“Lo problemático en esta situación es el cómo se garantiza ese derecho, porque el derecho a la energía no puede eliminar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano. De esta manera, Greenpeace no se opone al desarrollo de lo público en el sector eléctrico sino a las formas en que se propone su desarrollo, en detrimento de la salud de la población, el medio ambiente y la democratización de la energía a través de proyectos descentralizados”, finaliza el comunicado.