Reprueban a Puebla en apego al Estado de Derecho

Puebla se encuentra entre las cinco entidades del país con las peores evaluaciones, según el índice elaborado por World Justice Project.

Por: Guillermo Castillo
Foto: Especial

Puebla se encuentra entre las cinco entidades de la República que muestran menor apego al Estado de Derecho, señala el Índice del Estado de Derecho en México 2018, elaborado por World Justice Project.

El documento, que evalúa a los territorios estatales con puntajes entre cero y uno en rubros como Orden y Seguridad, Gobierno Abierto, Límites al Poder Gubernamental o Ausencia de Corrupción, ubica a Puebla con una situación similar a la que presentan Sonora, el Estado de México, Baja California y Guerrero, que también se ubican al fondo de la tabla.

Detalla que la entidad tiene los peores desempeños en materia de justicia civil, donde ocupa el sitio 29 de 32 y que contempla aspectos como el hecho de que las personas conozcan sus derechos y confíen en las instituciones, que se tenga acceso a información y asesoría legal de calidad o bien que los mecanismos alternativos de solución de controversias sean accesibles, imparciales y expeditos.

También en el rubro de justicia penal, donde se coloca en la posición 30 y se consideran hechos como si la policía y el ministerio público investigan eficazmente los delitos, si los sistemas de procuración e impartición de justicia son expeditos y eficaces, si los derechos de las víctimas se garantizan efectivamente junto con el debido proceso penal, y si el sistema de justicia es imparcial independiente y libre de corrupción.

Igualmente, en el área de derechos fundamentales, donde registra el tercer peor resultado a nivel nacional y se califican aspectos como la ausencia de discriminación, el cumplimiento del debido proceso legal de los acusados y la garantía a derechos como la libertad de opinión y expresión, la libertad religiosa y de culto, a la privacidad, a la libertad de asamblea y a los derechos laborales.

El índice, en el resto de las áreas, también considera situaciones como que el Poder Legislativo local sea un contrapeso eficaz al gobierno estatal y que los funcionarios públicos estatales sean sancionados cuando abusan de sus funciones, que los funcionarios no incurran en actos de corrupción, que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones y que las personas se sientan seguras, además que los indicadores muestren ausencia de homicidios y de criminalidad en general.