Ibero Puebla exige justicia para los normalistas de Ayotzinapa
Foto: ES imagen
La Universidad Iberoamericana Campus Puebla conmemoró el primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Iguala, Guerrero.
Para ello, el rector de la institución, Fernando Fernández Font, S.J., encabezó el evento No, no los olvidamos, acciones por Ayotzinapa, donde exigió justicia ante la falta de respuesta de las autoridades del país.
Sostuvo que una sociedad que no olvida lo que pasa en sus comunidades y no se hace presente ante tantos agravios que vive el país, es un pueblo deseoso de justicia y de verdad.
Reclamó la nula existencia de un Estado de Derecho e incluso señaló que existe una doble moral ante el asesinato, esto con relación a lo ocurrido con las víctimas mexicanas en Egipto.
Expuso que el gobierno mueve cielo, mar y tierra, y exige una investigación a fondo para esclarecer el accionar de los militares egipcios, pero no hace nada por lo que tiene cerca, por lo que pasa en México.
Llevamos un año de este terrible crimen y todavía no sabemos qué ha pasado en Ayotzinapa, y a eso se llama hipocresía, doble moral”.
El rector remarcó la importancia de pedir justicia y de ir hasta el final con todas las consecuencias que esto significa, con el propósito de construir un México mejor.
No hay que dejar esto como un acto emotivo sino una convicción profunda en donde la Universidad no sólo forme jóvenes encaminados a la justicia, sino preocupados por su realidad social; no basta que salgan bien formados, sino comprometidos con la construcción de una sociedad justa”.
“Nunca dejemos de reivindicar a nuestros muertos y desaparecidos, a esta injusticia tan grande que vive nuestro país”.
En ese marco, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. (IDHIE, S.J.), condenó la respuesta del Estado ante la desaparición forzada de los normalistas, exigiendo el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y las ocho demandas que realizaron los padres de familia de los estudiantes, al gobierno federal.
