Impulsan reformas para evitar deudores alimentarios en Puebla
Diputadas del Congreso de Puebla presentaron iniciativas de reforma para evitar que haya más hombres deudores alimentarios en el estado.
María Fernanda de la Barreda Angon planteó que el reconocimiento o declaración judicial tardía de paternidad o maternidad dé lugar al pago de alimentos retroactivos desde el nacimiento del hijo o desde que surgió la obligación.
Con la propuesta, también se pretende precisar que la ayuda alimentaria de terceros no extingue el deber del progenitor biológico del menor.
Como parte de las modificaciones, también se busca establecer reglas judiciales claras para que la cuantificación de la condena retroactiva se determine con criterios de proporcionalidad, capacidad económica y protección de la persona acreedora alimentaria.
Esto, sin confundir esa modulación con la negación del derecho mismo.
“La responsabilidad parental no empieza cuando conviene, empieza cuando nace una hija o un hijo. Esta reforma también tiene un profundo sentido de empatía con las mujeres, con las madres que han litigado mientras trabajan, con las que han llorado en silencio para no preocupar a sus hijos, con las que han hecho rendir lo imposible, con las que han convertido el cansancio en ternura y la angustia en fortaleza”, expuso la legisladora.
La propuesta considera reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
Por su parte, la diputada Susana Riestra presentó una iniciativa para reformar el artículo 135 Sexties de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Esto, con el propósito de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, exijan como requisito indispensable la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, para la tramitación, expedición, autorización, registro o renovación de licencias de conducir, obtención de pasaporte, solicitudes de matrimonio, así como para participar como candidato a cargos de elección popular.
La iniciativa fue dirigida a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su estudio y resolución procedente.
